MANOS A LA OBRA. El Poder Ejecutivo retomó la agenda de largo plazo mostrando la voluntad por reforzar las estructuras del Estado. La economía peruana lleva dos décadas afianzándose, pero arrastra un lastre que le impide aprovechar todo su potencial competitivo: la debilidad de la mayor parte de las instituciones del sector público. Finalmente, se aprobó -y promulgó- la reforma del Servicio Civil y ahora le toca el turno al sistema de salud.El pasado 26 de junio, el presidente Ollanta Humala y su primer ministro, Juan Jiménez, remitieron al Congreso una solicitud de delegación de facultades legislativas para fortalecer el sector salud, uno de los que registran mayor retraso e ineficiencias en el país. Además de contemplar la reorganización del Ministerio de Salud (Minsa) y de sus organismos públicos, la iniciativa incluye la mejora de los servicios -calidad y también capacidad de respuesta, dos áreas en las que las deficiencias son alarmantes. Asimismo, destaca la inclusión de Essalud, que tampoco se libra de problemas administrativos y que ha sido presa de escándalos por el uso inadecuado de sus recursos, que a diferencia del Minsa, se obtienen directamente en la forma de aportes de los empleadores. Por cierto, se buscará poner fin a la asimetría en las tasas de los aportes. También es significativo que se consideren penas para quienes utilicen indebidamente los servicios del seguro de salud, para lo cual se tendrá que legislar sobre una nueva figura delictiva: la falsa afiliación.Es necesario notar que esta propuesta es bastante amplia e integral, pues, además de los puntos señalados, incluye la sanidad de las Fuerzas Armadas y policiales y ha tomado en cuenta la modernización de la gestión de la inversión pública, que estará sujeta a planificación multianual, así como la actualización de la estructura remunerativa, que en anteriores intentos de reestructuración solía ser la única dificultad tomada en cuenta. En suma, se trata de otra reforma clave y el Congreso debe darle la prioridad que merece. Por su parte, el Ejecutivo tiene que difundir las normas que formarán parte del paquete a fin de asegurarse el respaldo de la opinión pública y, principalmente, de los trabajadores del sector.
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