La política de deshacinamiento de penales implementada por el ex presidente Alan García Pérez, entre los años 2008 y 2011, propició la formación de una estructura ilícita que tuvo como objetivo beneficiarse económicamente con los indultos y conmutaciones de penas, especialmente de presos por narcotráfico.Esta organización, según sostiene el fiscal anticorrupción Walter Delgado, estuvo encabezada supuestamente por el entonces presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Miguel Facundo Chinguel, e integrada por funcionarios y particulares, que tenían en común ser militantes del Partido Aprista Peruano, además de los delegados jurídicos de los centros penitenciarios.