MEJORAR EL RIESGO CREDITICIO DE PERÚ NO SERÁ FÁCIL
20 de junio de 2013

Gestión. Para que suba la calificación crediticia del Perú (actualmente en Baa2, en el escalón de Grado de Inversión, según Moody’s) en los próximos meses deben cumplirse algunos requisitos. Entre ellos, sostener un crecimiento de la economía alrededor de su potencial (6% a 6.5%); que el Gobierno mantenga su compromiso de continuar las políticas macroeconómicas vigentes, y que se mantenga la disciplina fiscal, incluyendo un superávit fiscal. A partir de la experiencia de las dos últimas décadas, sobre todo del 2000 hacia adelante, podría afirmarse que esa labor no debería resultar difícil de lograr. De hecho, pocos percibían esa posibilidad incluso después de la elección del 2011, cuando el Gobierno seguía la llamada Hoja de Ruta. Sin embargo, ahora esa percepción parece haberse deteriorado. Tras la intención manifiesta del Gobierno de comprar los activos de Repsol (además del reforzamiento de Petroperú, Electroperú y otras empresas públicas), se han creado dudas acerca del compromiso de mantener la política macroeconómica vigente. Por otro lado, lograr un crecimiento económico alto (6% o más) y sostenido depende principalmente del dinamismo de la inversión y consumo del sector privado, en un contexto de economía mundial débil. Y en ambos casos el optimismo viene disminuyendo, no solo por la situación internacional, sino porque el mensaje político crea más incertidumbre en lugar de paliar la turbulencia internacional (indefinición en la consulta previa y otras trabas burocráticas a la inversión, las dudas no despejadas sobre una posible elección presidencial de la primera dama, entre otros). En lo que se refiere a mantener la disciplina fiscal tampoco parece claro que se logre la meta de un superávit de 0.6% del PBI (ver pág. 13). Está creciendo el gasto corriente, sobre todo remuneraciones, muy por encima del límite que impone la Ley de Responsabilidad Fiscal (4%) al haberse dejado sin efecto para este año. Consideramos que el mensaje y las acciones y políticas deben estar alineados con el marco macroeconómico vigente que tantos buenos resultados ha dado en las últimas décadas, sobre todo en lo que se refiere al crecimiento y reducción de la pobreza, es decir, a la inclusión social.