Durante ocho años algunos sectores empresariales del país y tres gobiernos diferentes no hicieron su tarea. Hoy, para cubrir sus ineficiencias, los consumidores peruanos tendrán que claudicar a su derecho de gozar de los menores precios que debería traer --en teoría-- el libre comercio.Era guerra avisada. Como estaba previsto desde 1997, el 1 de enero del 2006, el Perú se incorporó plenamente a la zona de libre comercio de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Lo último que tuvo que hacer fue dejar de cobrar impuestos (aranceles) a las carnes (de bovino y pollo), leche en polvo, maíz, harina, azúcar, pastas, combustibles, vehículos y papas procedentes de nuestros socios Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.Al quedar liberados, estos productos deberían llegar más baratos al país y, de esa manera, beneficiar a los consumidores (domésticos e industriales), pero he aquí que los perjudicados, el Estado (que cobrará menos impuestos por importación), los azucareros, los ganaderos, buscaron la forma de evitar el ajuste. Al Estado le fue fácil conseguirlo, bastó un decreto para elevar el Impuesto Selectivo al Consumo a los combustibles. Y los otros luchan por conseguir y mantener su protección, amenazando al Gobierno con marchas y manifestaciones de protesta, y --claro-- apelando a los miles de puestos de trabajo que están en juego, y a los miles de dólares en inversión paralizados.