Desde hace un año atrás, los peruanos nos hemos acostumbrado a tener un Poder Ejecutivo con bajos índices de aceptación (que superan ligeramente el 10%), según las distintas empresas encuestadoras, lo cual afecta seriamente la gobernabilidad e influye en el descrédito del sistema democrático que se recuperó plenamente a fines del 2000. ¿A quiénes conviene esta situación? Evidentemente solo a quienes desean desestabilizar el sistema democrático; es decir, a todos lo que quisieran ver volver un régimen de poder cerrado que imponga mayor orden y autoridad sin importar el precio que sea preciso pagar para ello. Sin embargo, este riesgo no parece ser suficientemente entendido por quienes resultarían ser los más perjudicados si es que ello ocurriese. Los partidos políticos de la oposición se regocijan y le echan más leña al fuego cada vez que ocurre algo o estalla un nuevo escándalo que perjudica la imagen presidencial (importando poco que tenga o no responsabilidad en el hecho el mismo presidente). Los miembros del Poder Judicial se frotan las manos de satisfacción pensando que así otro poder del Estado comparte los magros márgenes de aceptación que ellos tienen y muchos parlamentarios reaccionan de forma muy parecida, sin tomar conciencia que tales hechos debilitan al Gobierno y como consecuencia de ello desfavorecen la consolidación de los principios que lograron triunfar hace cuatro años cuando el Gobierno se desplomó solo. (Raúl Ferrero Costa)