Entrevista a Rocio Ávila Fernández, coordinadora regional del Programa Industrias Extractivas de Oxfam.¿Respecto a la consulta previa, no cree que se ha abierto demasiada expectativa sobre ella? Todas las poblaciones, alrededor de los proyectos mineros, creen que van a tener la posibilidad de un veto. Antes habría que decir que los procesos de consulta y consentimiento ya los viene haciendo el propio sector privado. Muchas firmas tienen sus propios procesos. Chinalco, por ejemplo, ha usado las políticas del IFC para reubicación y consulta en Morococha.Igualmente Rio Tinto, cuando quiso hacer una planta en Querocoto consultó y la gente no quiso. La empresa dijo: "Está bien, lamentamos la decisión; pero no vamos a poder construir". El año pasado hicimos un estudio y de 28 corporaciones del mundo analizadas, cinco tienen políticas de consentimiento, entre ellas Rio Tinto, Xstrata, Newmont y Talisman. Unas 10 tienen políticas de consulta y las demás son un tema de licencia social. Aparte de eso, el mismo ICMM acaba de aprobar en mayo su política de consulta y consentimiento de pueblos indígenas, es un estándar de oro para ellos.La consulta no tiene poder de veto. Se está ubicando así, pero es más un acuerdo y diálogo.Algo ha pasado en la información pública que se asocia consulta con plebiscito o referéndum y ese no es el espíritu de la consulta y menos del Convenio 169.Por esa desinformación es que ahora hay temor hacia las comunidades, temor de las empresas y del propio Estado.
- [El Comercio,Pág. B 4] /