El último informe de la Defensoría del Pueblo señala que la polémica Ley del Servicio Militar ‘voluntario’ no garantiza los incentivos económicos ni el respeto de los derechos humanos debido a que los reclutas seguirán con el mismo salario mensual de S/.256 y se mantendrán las precarias condiciones en la mayoría de cuarteles del Perú.En diálogo con diario16, la defensora adjunta para los derechos humanos, Gisella Vignolo, afirmó que el Ejecutivo está prometiendo una serie de beneficios para los cadetes que en la práctica no podrá cumplir a corto plazo. Por ejemplo, citó que se ofrece capacitación a los jóvenes pese a que solo cinco de las 24 bases militares tienen centros de alta tecnología, y cuatro de ellas cuentan con escuelas de educación básica regular pero sin un adecuado control de los maestros.(Edición domingo).