El ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, y su colega de Energía y Minas, Jorge Merino, pueden ser pasibles de una acusación constitucional por no cumplir con su papel como representantes de la Junta de Accionistas de la empresa Petroperú, como representantes del Estado, en el caso de la posible compra de los activos de Repsol.Así lo señaló a LA PRIMERA el legislador de Acción Popular-Frente Amplio, Manuel Dammert, quien calificó como un escándalo político de gran envergadura el hecho que los referidos ministros no hayan hecho cumplir las cláusulas del contrato dorado suscrito por la empresa Repsol cuando compró la refinería La Pampilla.