Serias omisiones que podrían culminar con el archivamiento de la investigación por la muerte de cuatro pobladores de Celendín durante las protestas contra el proyecto minero Conga en julio del 2012, denunció la abogada Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Refirió que, diez meses después, la investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativo de Chiclayo, que tiene el caso, presenta graves problemas. Por ejemplo, no se han practicado pruebas de absorción atómica a los policías y militares que participaron en el operativo, no se inmovilizaron las armas para analizarlas ni se realizaron pericias balísticas, tampoco se han incorporado al expediente los protocolos de necropsia de los muertos ni la historia clínica de los heridos.Pérez agregó que el Ministerio del Interior no ha entregado el plan de operaciones y solo se han presentado dos de los cinco efectivos militares que han sido citados, los que admitieron que el Ejército disparó, aunque solo al aire.(Edición sábado).