Volvió la cordura. Luego que advirtiéramos que el proyecto de Ley Penal contra el Crimen Organizado presentado por el Poder Ejecutivo a finales del año pasado incluía a los delitos tributarios y ambientales en su espectro de acción, lo cual generaba zozobra en el sector privado, el panorama actual es otro, y los empresarios ya podrían respirar tranquilos.Según fuentes del Parlamento nacional, el dictamen de este proyecto aprobado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ya no considera a los delitos tributarios como un delito de crimen organizado, mientras que en el caso de los delitos ambientales, lo que se ha hecho es una precisión al texto, por lo cual solo se tienen en cuenta sanciones para la minería ilegal. Ahora bien, según fuentes del Ejecutivo, este cambio al proyecto inicial no habría partido de la nada, sino que sería una petición expresa del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, a la Presidencia del Congreso de la República, luego de leer la preocupación del sector empresarial. Tal solicitud se hizo a través de una carta dirigida a la comisión."El premier pidió que el Congreso precise el ámbito de aplicación de la norma en cuanto a los delitos, pues no debiera entenderse en ningún caso como referido a la conducta empresarial sino a los hechos y acciones antijurídicas perpetradas por bandas delincuenciales", manifestó la fuente.
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