La comisión investigadora de los presuntos negociados en la adjudicación de obras durante la gestión de Gregorio Santos -hecho que admitió el empresario Wilson Vallejos en uno de los ‘goyoaudios’ difundidos por Perú21 en octubre del año pasado- llegó a la conclusión de que sí se cometieron delitos de corrupción.Este grupo de trabajo, creado por el Consejo Regional de Cajamarca a pedido de su consejero Hugo Fuentes, confirmó que un grupo de funcionarios de confianza de Proregión "habría incurrido en el ilícito penal de colusión agravada, tipificado en el artículo 384° del Código Procesal vigente", que impone una pena de cárcel de entre seis y 15 años.