No nos oponemos a que exista un régimen de consulta previa, el problema radica en que desde que se promulgó la ley se ha convertido en una trampa porque su reglamento no está caminando. Ha pasado bastante tiempo y no se empieza a aplicar porque el proceso está sumamente trabado, lo que se está traduciendo en la demora y desaliento de las inversiones. Hay vacilación respecto a la aplicación de la norma, pues se pretender aplicar a proyectos que ya habían sido consultados y aprobados bajo las normas anteriores, como si la ley fuera retroactiva, eso todavía desalienta más. Lo que se percibe es que dentro del Gobierno no hay unanimidad de criterios, la mejor muestra de ello es que no han podido ni siquiera establecer claramente cuáles son las comunidades que debieran ser consultadas. La licencia social y el respeto al medio ambiente nadie lo discute, pero si las leyes y reglamentos que dictan sirven para trabar la inversión, entonces algo está muy mal. Hay señales que desconciertan y provocan pesimismo, señala Gonzalo Prialé, vicepresidente de Confiep.
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