En las últimas semanas se ha repetido como letanía el riesgo de militarización de los puertos que representaría la puesta en vigencia del D.L. 1147, el cual fortalece a las Fuerzas Armadas y otorga a la Dirección y Guardacostas del Perú (Dicapi) responsabilidades que, según los gremios empresariales, son netamente comerciales y no de seguridad.Estas funciones son: otorgar permisos de uso de áreas acuáticas, apertura y cierre de puertos, así como el establecimiento de tarifas por inspección de naves no por costo del servicio, sino por tamaño del cliente, lo que quiere decir qu el control del tráfico portuario dejaría de ser función de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y con esta acción se le quita el 80% de sus funciones, según el Consejo de Usuarios de Ositran.
- [El Comercio,Pág. 14-15Día 1] /