El "affaire" Petroperú nos debe llevar a sacar conclusiones útiles sobre políticas públicas. El Gobierno ha dejado de lado la posibilidad de comprar activos de Repsol, quizá por la presión mediática y la bajada en las encuestas, aunque la "verdad" en política generalmente es más sencilla de lo que parece. Ahora el Gobierno, Repsol y Petroperú construirán sus propias historias para la platea.Una de las cosas que más divide a la ciudadanía es la posición con relación a la existencia de un Estado empresario en su sentido más amplio. El Perú tuvo un Estado que manejaba desde cines hasta pollerías. Terminó con hiperinflación, tarifas subsidiadas y empresas quebradas. Miles de personas que trabajaban en estas, porque eran allegadas al gobierno de turno, representaban una carga para las finanzas publicas. El modelo económico cambió y la Constitución limitó la actividad empresarial del Estado, señalando que "Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional". Ello quiere decir que allí donde no haya privados podrá el Estado, únicamente "cuando haya interés público o conveniencia nacional", prestar un servicio que naturalmente prestarían los privados.La mayor parte de las empresas públicas fue vendida, concesionada o disuelta, quedando 34 empresas manejadas por Fonafe. Las empresas públicas hoy son más ordenadas y no pierden dinero como antes.Petroperú, la gran empresa de hidrocarburos, fue concesionada parcialmente y limitada a la distribución y al refino a partir de Talara, refinería vieja y de poca utilidad. Durante el gobierno de Toledo, Petroperú quiso ser excluida de los controles del SNIP y de Consucode para crecer y realizar más proyectos. El 23 de julio de 2006, entre gallos y medianoche, el Congreso promulgó la Ley de Fortalecimiento de Petroperú que Toledo observó y el Congreso, ya de salida, hizo suya. Dicha ley autoriza a Petroperú a realizar actividades en toda la cadena de hidrocarburos. La ley nunca fue reglamentada y, curiosamente, 7 años después y evaluando una compra de activos de Repsol, apareció su reglamento. Un país serio debe discutir sus políticas públicas y tratar de llegar a consensos de manera pública y no sacar normas de la manga. Discutamos seriamente: ¿queremos un Estado empresario?, ¿queremos un Estado subsidiario?, ¿queremos uno mixto como el actual, con 34 empresas públicas?, ¿por qué es mejor uno que otro para el país?, ¿qué significa el alto interés público o la conveniencia nacional?, ¿quién lo fija? Luego del debate, una ley debería plasmar los resultados de esta discusión. Acabemos con este tira y afloje que solo lleva a tomar decisiones de coyuntura que pocas veces son buenas para el país.La discusión debe darse y el Congreso abstraerse de sus conveniencias para legislar buscando el bien común. ¿Podrán los congresistas dejar de lado sus intereses personales y buscar lo mejor para el país? , señala Cecilia Blume.