DECISIÓN PELIGROSA. La intransigencia es una pésima consejera y, con las medidas que está tomando, el Gobierno parece estar siendo muy mal aconsejado. La decisión de recomprar la refinería de La Pampilla -que perteneció al Estado hasta que fue privatizada en 1996- es solo una muestra de que el presidente Ollanta Humala y sus ministros están desoyendo las voces de alerta. Lo que es peor, se está respaldando estas operaciones con malabares legales, vulnerando principios básicos para el funcionamiento del mercado, comenzando con la propia competencia.Pero el caso de Petroperú y la "recuperación" de una refinería semiobsoleta no es el único. En el sector financiero, Agrobanco iniciará un programa de refinanciación de deudas a los agricultores con problemas de pago suscitados por eventos fortuitos que afecten sus cultivos -y ahora otorga préstamos a otros sectores-. En tanto, el Banco de la Nación (BN) comenzó a otorgar créditos hipotecarios a los empleados del sector público, con plazos que se pueden extender hasta 65 años y por montos de hasta S/. 250,000. Además, prevé lanzar tarjetas de crédito para este segmento.Ambas entidades se están excediendo de las funciones por las que fueron creadas, poniendo en desventaja a las del sector privado, principalmente a las edpymes y cajas rurales y municipales. Cabría preguntarse si las restricciones que la SBS impondrá para reducir los plazos de las hipotecas a veinte años, entre otras, también serán cumplidas por el BN.En suma, el Gobierno está embarcado en reforzar la actividad de las empresas públicas, con más atribuciones y en abierta competencia con el sector privado. Pero no solo eso, sino que también muestra una intención de participar en el control del mercado a través de mecanismos como la creación de la "flota pesquera intermedia", la masificación del uso de gas en la sierra o el "impulso" de la industria petroquímica (que también acometerá Petroperú).La experiencia nos ha enseñado que el Estado empresario es generador de corrupción, ineficiencia operativa, empleos improductivos -que no privilegian la calidad profesional sino el clientelaje- y tiene objetivos políticos muchas veces turbios. No es verdad que su objetivo sea incentivar la competencia.
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