La pugna entre gremios empresariales y el Gobierno, a raíz de la aprobación del Decreto Legislativo 1147 -que, según las empresas, quita facultades a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) en la modernización portuaria, para dárselas a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), amenaza con agudizarse. Esto último se produciría a raíz de que la Marina ha planteado una propuesta de reglamento del citado D.L., proyecto que, según un documento de la APN -al cual tuvo acceso Gestión- haría aún más restrictivas las operaciones portuarias privadas, que el mismo decreto que se está cuestionando.Según esa propuesta, la finalidad del reglamento es "normar sobre la administración de áreas acuáticas, las actividades que se realizan en el medio acuático, las naves, artefactos navales, instalaciones acuáticas, así como las operaciones que estas realizan y los servicios que prestan o reciben".
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