Editorial. Gestión. NORMATIVIDAD INCOMPLETA. El Viceministerio de Interculturalidad informó la semana pasada que existen cinco procesos de consulta previa encaminados. De ellos, cuatro están relacionados con la elaboración de normas legales "políticas de salud, áreas protegidas y reglamentos de leyes" y solamente uno tiene que ver con un proyecto productivo, un lote de hidrocarburos ubicado en Loreto. El Reglamento de la Ley de Consulta Previa fue publicado el 3 de abril del año pasado, es decir, hace doce meses. Y la normatividad permanece incompleta, pues está pendiente la publicación de la base de datos de los pueblos indígenas que tendrán el derecho de ser consultados. Esta demora, que no cuenta con una justificación válida de parte del Gobierno, está afectando la realización de muchos proyectos de inversión, sobre todo mineros, sin olvidar que Perupetro tiene previsto licitar 27 lotes en el interior del país. Juan Jiménez, presidente del Consejo de Ministros, ha ofrecido darle "más velocidad" a la consulta previa, a fin de destrabar proyectos "mencionó catorce en el sector minero que se encuentran en etapa de exploración". Cabe preguntarse si el ministro de Cultura, Luis Peirano, ha tomado nota y se preocupará por agilizar el trabajo pendiente en su despacho, en especial en el Viceministerio de Interculturalidad. Por ejemplo, si existen dificultades para definir la citada base de datos, ¿por qué no publican una primera lista, sujeta a posteriores ampliaciones, que incluya a las comunidades donde existen proyectos de inversión en stand by? También está en espera la metodología que se seguirá en las consultas. El reglamento, fiel al estilo enrevesado de nuestras normas legales, señala que tendrá "enfoque intercultural" y que será "flexible". Con respecto al plan de consulta, que es el paso inicial de cada proceso, solo se señala su contenido básico. Sería de mucha utilidad que se elabore una especie de guías sobre cómo diseñar la metodología y los planes de consulta, quizá siguiendo experiencias de otros países. Nadie en el Gobierno ha explicado claramente cómo se llevará a cabo el proceso dando pie a la especulación e incertidumbre. Esta situación no solo perjudica a los inversionistas, sino también a las propias comunidades.