El 8 de este mes el Congreso aprobó una ley que otorga al OEFA facultades y "facilidades" para multar a la industria formal y hacerse de dinero más rápidamente.Si "lo ambiental" no estuviera politizado y el Ministerio del Ambiente fuera "equilibrado", esta ley propia de una política represiva ineficaz no habría sido propuesta. Aunque es indispensable, imponer multas nunca mejora la calidad del ambiente. La ley, hoy en manos del presidente para su promulgación, dispone que la impugnación de una multa ambiental no tega efectos suspensivos: es decir, habrá que pagar para ejercer este derecho constitucional. Crea también "papeletas ambientales" que se generan automáticamente por "mecanismos tecnológicos" y que tienen un descuento si uno paga "voluntariamente", como sí fuera de tránsito.También faculta al OEFA a convocar a la población en audiencias públicas, como si fuera la Defensoría del Pueblo., y -pudiendo ser esto inconstitucional- le otorga facultades para que ella misma se atribuya competencias de los gobiernos regionales si obtiene "indicios" de que no cumplen con su labor de fiscalización.Pero a los incentivos ambientales, instrumentos para lograr el "equilibrio" entre represión y fomento ambiental, solo los menciona.Si el OEFA necesita dinero para contratar más funcionarios, no debe obtenerlo de una manera que se pueda prestar a arbitrariedades, afirma Lorenzo de la Puente, especialista en Derecho Ambiental y Minero.
- [Gestión,Pág. 3 supl] /