POLÍTICA POCO CLARA. La intención del Gobierno para que Petroperú compre los activos de Repsol (refinería La Pampilla, estaciones de servicios y una planta envasadora de gas) ha puesto sobre el tapete varios aspectos que muestran que la hoja de ruta que está siguiendo el Ejecutivo en este tema es equivocada. En primer lugar, hay una falta de transparencia (se niega y luego se admite que la posibilidad existe, aunque se minimiza a una participación minoritaria) y de definición sobre cuál es la política a seguirse en este tema: ¿Para qué Petroperú compraría esos activos? Las refinerías no son un buen negocio hoy en el mundo, menos si no se produce petróleo, y se tendría que invertir unos US$ 3,000 millones (desulfurización y modernización) para que La Pampilla pueda competir (Petroperú no tiene esos recursos). En segundo lugar, si se busca precios más baratos de los combustibles para los sectores populares, primero tendría que cambiarse la legislación vigente para que el estado vuelva a regular los precios que hoy fija el mercado. Además, aún si se lograra rebajar los precios (manejando los márgenes de ganancia en los grifos) ello favorecería más a los sectores pudientes (más del 90% de los grifos en venta de Repsol están en Lima y de estos, el 60% atiende a los niveles socio económicos A y B).¿Entonces, por qué el gobierno quiere adquirir los activos de Repsol? En realidad, ya casi no quedan dudas que la intención del presidente Humala es resucitar la actividad empresarial del Estado, lo cual ahora la Constitución la limita. Pero hay más, pues en el Gobierno existe el temor de que se forme un monopolio privado en el mercado de combustibles, debido a que un grupo empresarial nacional tiene interés en adquirir la participación de la estatal chilena Enap en la cadena Primax, y además también busca comprar los grifos de Repsol, con lo cual tendría 240 estaciones propias y más de 610 incluyendo los grifos afiliados. Sin embargo, ese riesgo no existe porque hay normas legales vigentes para regular en este caso. Por lo tanto, el gobierno debe fomentar la competencia en el mercado de combustibles con reglas de juego claras y estables, respetar el rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial, e impulsar el gobierno corporativo de empresas públicas como Petroperú, antes de lanzarlas a aventuras que ya probaron no dar buenos resultados. POLÍTICA POCO CLARA. La intención del Gobierno para que Petroperú compre los activos de Repsol (refinería La Pampilla, estaciones de servicios y una planta envasadora de gas) ha puesto sobre el tapete varios aspectos que muestran que la hoja de ruta que está siguiendo el Ejecutivo en este tema es equivocada. En primer lugar, hay una falta de transparencia (se niega y luego se admite que la posibilidad existe, aunque se minimiza a una participación minoritaria) y de definición sobre cuál es la política a seguirse en este tema: ¿Para qué Petroperú compraría esos activos? Las refinerías no son un buen negocio hoy en el mundo, menos si no se produce petróleo, y se tendría que invertir unos US$ 3,000 millones (desulfurización y modernización) para que La Pampilla pueda competir (Petroperú no tiene esos recursos). En segundo lugar, si se busca precios más baratos de los combustibles para los sectores populares, primero tendría que cambiarse la legislación vigente para que el estado vuelva a regular los precios que hoy fija el mercado. Además, aún si se lograra rebajar los precios (manejando los márgenes de ganancia en los grifos) ello favorecería más a los sectores pudientes (más del 90% de los grifos en venta de Repsol están en Lima y de estos, el 60% atiende a los niveles socio económicos A y B). ¿Entonces, por qué el gobierno quiere adquirir los activos de Repsol? En realidad, ya casi no quedan dudas que la intención del presidente Humala es resucitar la actividad empresarial del Estado, lo cual ahora la Constitución la limita. Pero hay más, pues en el Gobierno existe el temor de que se forme un monopolio privado en el mercado de combustibles, debido a que un grupo empresarial nacional tiene interés en adquirir la participación de la estatal chilena Enap en la cadena Primax, y además también busca comprar los grifos de Repsol, con lo cual tendría 240 estaciones propias y más de 610 incluyendo los grifos afiliados. Sin embargo, ese riesgo no existe porque hay normas legales vigentes para regular en este caso. Por lo tanto, el gobierno debe fomentar la competencia en el mercado de combustibles con reglas de juego claras y estables, respetar el rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial, e impulsar el gobierno corporativo de empresas públicas como Petroperú, antes de lanzarlas a aventuras que ya probaron no dar buenos resultados.
- [Gestión,Pág. 22] /