Hay un factor que el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, y el propio Ejecutivo no han tomado en cuenta a la hora de lanzar la oferta económica por los activos de Repsol en el Perú: que la adquisición debe tener el visto bueno del Congreso.El abogado constitucionalista César Valega explicó que, según indica el artículo 60 de la Carta Magna, "solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirectamente, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional".Advirtió que si el gobierno del presidente Ollanta Humala, a través Petroperú, compra Repsol sin la consulta al Legislativo, caería en una falta constitucional, lo que conduciría a una segura censura del gabinete."La Constitución lo que ha querido es garantizar que el Estado no incurra en áreas que no se consideran prioritarias, por lo que el Congreso debe dar luz verde", insistió.Para que el Gobierno realice actividad empresarial sin consulta alguna, deberá modificar la Constitución, y para ello necesita el apoyo de 87 congresistas.