¿Qué está pasando con empresas públicas como Sedapal, Petro-Perú, Enapu y Tans? ¿Nos conviene que estas salgan de la esfera del Fonafe y del SNIP? Alegando querer 'dotarlas de flexibilidad' y no atar de manos a los gerentes del Estado, el Congreso aprobó la semana pasada un proyecto de ley que exime de todo control administrativo a las principales empresas estatales, dándole carta blanca a Petro-Perú para realizar las inversiones que considere necesarias. Sin esa licencia legislativa, Petro-Perú ya había gastado US$7 millones de más en la remodelación de Palacio de Gobierno y se le investigan 'sobrecostos' irregulares por más de US$56 millones en compras de petróleo. ¿Se imaginan cuánta 'caja chica' más harán, ahora que el Congreso le quita todo control? ¿No debemos ser también los ciudadanos quienes decidamos qué se hace con esos recursos? Una gestión eficiente y transparente de los recursos y activos del Estado es evidente que nos beneficia a todos, pero ¿cómo lograrla? ¿Qué factores garantizan esa eficiencia? Obviamente es un tema de personas, porque la gente es quien hace la diferencia. Pero también es un tema de sistemas y de los incentivos existentes para hacer lo correcto. Así, por ejemplo, un sistema que promueva y garantice la independencia en la toma de decisiones gerenciales (a quién contratar, qué inversiones efectuar, qué pleitos comprarse, etc.), especialmente su independencia del clientelismo político tan propio en nuestro medio, es una condición esencial para una gestión profesional y eficiente. Así también, la competencia en igualdad de condiciones, la protección de los derechos de los consumidores, y una regulación técnica, proactiva y eficaz. Todo lo anterior supone confiar en los gerentes públicos dándoles margen de acción, pero también supone fiscalizar sus actividades a través de una efectiva regulación estatal y exigirles legalidad, transparencia y rendición de cuentas. No se trata de atar de manos a los gerentes del Estado, pero tampoco de confiar a ciegas, sino de dejarlos trabajar, en el marco de un proceso que fomente la competencia y el control ciudadano, manteniendo a los ciudadanos debidamente informados para poder opinar, participar, discrepar y sumar.Sea que se esté o no a favor de la privatización, todos debemos cuidar que las empresas estatales no malgasten los recursos que administran y que nos rindan cuenta de su desempeño, pues se trata de los recursos de todos. Lo que está en juego no es, como equivocadamente se alega, el rol de las empresas estatales o su presunta privatización, sino si estas deben o no estar sujetas a los necesarios mecanismos de control y transparencia ya existentes. Más allá de inclinaciones políticas o ideologías de izquierda o de derecha, están la transparencia y la eficiencia que sí nos benefician a todos, señala Beatriz Boza.