Pese a la existencia de pueblos indígenas en 14 proyectos de exploración minera, el Poder Ejecutivo no cumple con publicar la base de datos de los habitantes de esos pueblos, lo que permitiría iniciar los procesos de consulta previa al que tienen derecho.Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo para pueblos indígenas, destacó que la institución ha recomendado publicar esa base de datos y ha dejado en claro que la omisión de la obligación no exime al Estado de cumplir con la consulta previa aprobada hace casi un año.En el caso de Cañaris, la Defensoría considera que la comunidad "debería estar sujeta al procedimiento de consulta previa" y el Ejecutivo verificar si ha autorizado el uso de sus tierras con el voto de no menos de los 2/3 del total de comuneros. (Edición domingo).