Nuestro país dio un paso trascendental cuando el presidente Valentín Paniagua aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ratificada después por el gobierno de Alejandro Toledo. Con base en esa norma, mucho se ha avanzado en el país para poner a disposición del ciudadano, y no solo de los periodistas, información de interés público, sin cortapisas ni restricciones. Hoy lamentablemente corremos el riesgo de retroceder debido a que el Congreso de la República ha aprobado la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) que, como denunció en su oportunidad la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Prensa y medios como El Comercio, mantiene ese carácter secretista que habíamos comenzado a erradicar en el manejo de los asuntos públicos. El Parlamento debería recordar que bajo la excusa de proteger la seguridad nacional también el gobierno fujimorista puso candados nefastos a estos temas, con resultados calamitosos por todos conocidos. Como ha denunciado el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) esta legislación, aprobada por el pleno a último hora, establece reglas propias para el resguardo de información del sector inteligencia. Lo peor es que contradice la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la medida en que amplía los plazos para la desclasificación de documentos oficiales y añade nuevas categorías y criterios para determinar cuál es la información de seguridad. Así, incluye conceptos imprecisos de seguridad nacional que pueden prestarse a interpretaciones antojadizas y peligrosas y, por consiguiente, a restricciones en el acceso a la información. Llama la atención que el Congreso modifique una ley de desarrollo constitucional, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante una norma ordinaria que regula la institucionalidad estatal en materia de inteligencia. Los parlamentarios debieron calibrar las consecuencias de esta medida, pero como no lo han hecho es indispensable que el Ejecutivo observe la nueva ley, para que el Congreso la revise y adecúe como corresponde. No podemos reinstaurar esa perjudicial cultura del secreto de la cual se valieron los corruptos para impedir la fiscalización, ocultar irregularidades y, en definitiva, hacer que sus delitos queden impunes.