El miércoles pasado El Comercio entrevistó a Iván Lanegra, viceministro de Interculturalidad, sobre la base de datos de pueblos indígenas que ya está lista en el Ministerio de Cultura, pero que no puede hacerse público ni ejecutarse porque existe una demanda contra la directiva que la elaboró.La Directiva No. 03-2012/MC, aprobada por Resolución Ministerial No. 202-2012-MC, fue impugnada por el abogado Juan Carlos Ruiz Molledo, del Instituto de Dfensa Legal (IDL). Ruiz, en diálogo con El Comercio, expuso los fundamentos de su denuncia. Señala que el principal soporte se basa en el artículo 1, inciso 1, letra b, del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual refiere que el convenio se aplica a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que perteneció el país en la época de la conquista, la colonización o del establecimiento de las actaules fronteras estatales; y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.