Desde que comenzó el conflicto en Cañaris, Lambayeque, parte de la discusión ha girado en torno a la necesidad de conocer la base de datos de pueblos indígenas que el Viceministerio de Interculturalidad tenía la responsabilidad de elaborar. Se sabe que la base ya está lista y que incluso la Presidencia del Consejo de Ministros la conoce, ¿po qué entonces no se ha hecho pública? En esta entrevista al viceministro Iván Lanegra explica lo que está detrás del retraso. ¿Por qué demora tanto la publicación de la base de datos de pueblos indígenas? En diciembre del año pasado dos abogados [Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal, e Iscra Chávez, de Aporvidha] y un dirigente de una comunidad de Anta en Cusco [Yndalicio Mescco] presentaron una acción popular (demanda de inconstitucionalidad peron contra una norma de menor jerarquía a la de una ley) contra la directiva que permitió la elaboración de la base de datos de pueblos indígenas. Nosotros nos enteramos en enero.¿Y qué aspecto de la directiva cuestiona esta demanda? Cuestiona los criterios que se han usado para identificar a las comunidades de pueblos indígenas con derecho a ser consultados: como la lengua materna y la existencia de propiedad colectiva. Argumentan que va en contra de lo que establece el Convenio 169, pero que nosostros consideramos que el trabajo que hemos hecho es correcto y una muestra de ello es que recientemente la comisión de expertos en aplicación de convenio de la OIT ha dicho que esta directiva es un instrumento que ayuda al proceso de consulta previa.