A casi cuatro años de los graves sucesos de Bagua, las autoridades judiciales siguen sin poder demostrar la culpabilidad de los 53 nativos acusados de haber dado muerte a doce policías e infligir graves heridas a otros dieciocho agentes durante el desalojo de manifestantes indígenas en la zona denominada Curva del Diablo.El dictamen fiscal se dio aun cuando todos pasaron por la prueba de absorción atómica y ninguno dio positivo, es decir, no percutaron arma de fuego. Para nueve de ellos la Fiscalía solicita penas extremas como cadena perpetua y 35 años de privación de libertad.El juicio oral no tiene cuándo empezar. El jueves pasado, la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua convocó a una audiencia para que los abogados de los imputados evalúen la solidez de la acusación fiscal, es decir, si el dictamen está enmarcado o no en el artículo 225 del Código de Procedimientos Penales, y en los alcances del Acuerdo Plenario 6-2009/CJ-116.