En la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana, la Corte Suprema de Justicia de la República planteó al Congreso establecer que la víctima de un delito -en forma directa o a través de un abogado o procurador- participe y pueda oponerse al trámite de un procedimiento de semilibertad u otorgamiento de beneficios penitenciarios.Igualmente, planteó establecer nuevas restricciones civiles, adicionales a la pena para los casos de comparecencia, otorgamiento de beneficios o pedido de semilibertad para proteger a las víctimas de un delito, a sus familiares y entorno más cercano.Entre estas restricciones se propone, por ejemplo, que el juez pueda establecer prohibiciones a un procesado o condenado para comunicarse o acercarse a una víctima, ya sea a su domicilio o al lugar o zona donde habita.(Edición sábado).