Hasta el año pasado existían nueve mecanismos reglamentados para que las empresas privadas inviertan en carreteras, puertos, aeropuertos, transmisión eléctrica, irrigación, saneamiento, etc. De estos mecanismos, concesión autofinanciada y contrata han sido los más usados en los últimos cinco años.En enero se incorporó un mecanismo adicional: iniciativas privadas cofinanciadas. Con esta medida, las empresas podrían ejecutar proyectos de inversión pública que: (i) se encuentren declarados viables en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), (ii) tengan, en conjunto, un monto de inversión igual o mayor a S/.55,5 millones y (iii) el plazo de concesión de estos sea igual o mayor a cinco años. Además, las empresas podrán proponer nuevos proyectos siempre que sean de interés nacional o regional.Lamentablemente en Apoyo Consultoría somos poco optimistas respecto de la efectividad de este décimo mecanismo de promoción de asociaciones público-privadas (APP), tal como está diseñado hasta ahora. Un problema que podrían enfrentar las empresas interesadas en iniciativas privadas cofinanciadas es que, a pesar de que los proyectos provienen del Banco de Proyectos del SNIP, autoridades políticas deben aprobarlos. Dados los vaivenes de la política, es poco probable que muchas empresas se animen a invertir tiempo y dinero en buenos estudios y gestión de la iniciativa si en algún momento dependen de una decisión política para continuar. Este riesgo es más claro para las empresas constructoras que, a diferencia de las empresas mineras o petroleras, no tienen tantas oportunidades para establecer relaciones de largo plazo con comunidades, y autoridades locales y regionales.Otra traba importante para este y todos los demás mecanismos de inversión es el lento avance en la entrega de terrenos liberados. Actualmente, proyectos de gran relevancia, como la Autopista del Sol y la Autopista del Norte, no avanzan a la velocidad que podrían porque el Estado no ha entregado los terrenos por donde se ejecutarán las obras. Al respecto, en diciembre pasado el Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley que merece ser evaluado con prioridad porque busca agilizar la expropiación de terrenos e inmuebles para casi 70 proyectos de infraestructura. Aquí se propone que el proceso de expropiación esté a cargo de la entidad más eficiente para gestionarlo (por ejemplo, un ministerio en lugar de una municipalidad distrital). Además, se incrementa el valor de la tasación del predio al incluir el valor de mercado y los beneficios que se dejarían de percibir por dejar el inmueble.Otro elemento importante podría ser promover la elaboración de estudios de ingeniería de mayor calidad. En procesos de licitación tan grandes y complejos como el de la línea 2 del tren eléctrico (con casi US$5400 millones de inversión y 35 km de túneles) se necesitan estudios de ingeniería sofisticados y costosos. En este sentido, podría pensarse en esquemas que permitan devolver a los postores perdedores parte de los costos incurridos en la elaboración de sus propuestas, devolución que podría provenir del propio ganador. Así, los estudios serán más detallados y podrán confirmar, por ejemplo, si el suelo del Callao ofrece las condiciones necesarias para construir túneles a un costo razonable.Ojalá que esta nueva opción para promover una APP funcione. Pero el Gobierno haría bien en buscar que el menú actual funcione, antes que agregar opciones que no resuelven los problemas centrales de la inversión privada en infraestructura de uso público, señala Hugo Santa María, socio de Apoyo Consultoría.
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