No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Este refrán bien se puede aplicar a las consecuencias que sufrirá la economía del país por la actividad antiminera y los problemas que enfrentan las empresas del sector para invertir. Esta semana se hicieron evidentes dos ejemplos que muestran el impacto negativo que afronta la minería desde octubre del 2011, cuando se iniciaron las protestas contra el proyecto minero Conga. En primer lugar, un informe de Scotiabank estima que la producción nacional de oro caerá por lo menos 6% este año, reflejando las dificultades que enfrentan las exploraciones auríferas como lo sucedido recientemente con el proyecto minero Pucamarca de Minsur. La segunda evidencia de cómo se afectará la economía es la repercusión que tendrá la menor actividad minera en la recaudación fiscal. Es así que este mes se esperan menores ingresos del sector por regularización del Impuesto a la Renta en cerca de S/. 1,000 millones. Pero no solo eso, el efecto negativo se prolongará en el transcurso del año porque la Sunat estima que habrá menores pagos mensuales a cuenta del Impuesto a la Renta. Uno de los principales factores que explica esta menor recaudación es la caída en las cotizaciones y la demanda de los minerales que se registra en el mercado internacional. Sin embargo, a mediano plazo también influirá el retraso de los proyectos y los conflictos sociales, más de uno azuzado por grupos antimineros, no tanto por la preocupación del medio ambiente, que es válida, sino, sobre todo, por agendas políticas. Asimismo, todo el enmarañamiento de trámites que en los ministerios, gobiernos regionales y municipios tienen que realizar las empresas para llevar a cabo sus inversiones, en plazos que generalmente exceden los que establece la legislación. Es por eso que no debe pasar desapercibido que el 52% de los empresarios consideren que es deficiente el apoyo del Gobierno a la promoción de la inversión privada, según la última encuesta de Apoyo Consultoría. La agenda requiere acelerar los plazos para aprobar la reforma del servicio civil en el Estado y mayor previsión para evitar que surjan conflictos sociales, señaló Julio Lira Segura, Director de Gestión.