Se informa que la comunidad de Cañaris (Lambayeque) acordó iniciar un paro indefinido el 25 de marzo en rechazo a la explotación del proyecto minero Cañariaco de la empresa canadiense Candente Copper. De ese modo queda quebrado el proceso de diálogo iniciado hace semanas y se inicia otra etapa en la que no se excluye el uso de la fuerza por las dos partes de este conflicto. Según los dirigentes comunales, Cañaris no se opone al diálogo con el gobierno para la ejecución de proyectos de desarrollo. Precisan que el paro se dirige contra el Ministerio de Energía y Minas que insiste en desconocer los derechos de la comunidad campesina que mayoritariamente se opone al proyecto minero Cañariaco. La decisión se registra al mismo tiempo en que la mesa de diálogo creada como parte de las salidas al conflicto instalaba un subgrupo de Minería y Ambiente con participación del Ejecutivo, la región Lambayeque, gobiernos locales e instituciones comunales. Lamentablemente, esta reunión ha sido presentada como de respaldo al proyecto cuando su tarea era acercar posiciones. En lugar de ello estaría pretendiendo someter a una auditoría los acuerdos de la comunidad campesina de Cañaris. El de Cañaris, es un diálogo joven con poco tiempo de vida para ser desechado. La búsqueda de consensos parece estar naufragando por la pérdida de legitimidad de espacios como las mesas de diálogo donde no están todos y por el retorno a las políticas de presión. Por un lado, la comunidad coloca plazos al Estado en tanto que desde el gobierno se recurre a la defensa de las normas que ha dictado. A ello se suma la falta de coherencia del gobierno; mientras el Ministerio del Ambiente cree que si un gran sector de la población se opone al proyecto el Estado debería tomar en cuenta esta actitud, el MEM responsabiliza de las demandas a los dirigentes. La clave del proceso se encuentra en la legalidad de la autorización de las operaciones mineras. Según la Defensoría del Pueblo, en comunicación dirigida a la Presidencia del Consejo de Ministros, la Resolución Suprema N° 54 del Ministerio de Trabajo, de octubre de 1956, reconoció la existencia legal y personería jurídica de la comunidad de indígenas de San Juan de Cañaris. En tal sentido, sostiene, una medida administrativa que afecte a dicha comunidad debería estar sujeta al procedimiento de consulta previa. Asimismo, la Defensoría también ha recordado que según el artículo 89º de la Constitución las comunidades campesinas y nativas son autónomas en el uso y la libre disposición de sus tierras, dentro de lo que la ley establece, y que la Ley Nº 26505, Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo, precisa que la utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras requiere del acuerdo previo con el propietario. Por esa razón la Defensoría del Pueblo considera necesario que se verifique si la empresa a cargo del proyecto minero cuenta con la autorización sobre el terreno superficial otorgado por la Comunidad Campesina de San Juan de Cañaris. En ese contexto habría que incluir el hecho de que en Cañaris no hubo actividad minera, de modo que las medidas de licencia social requieren de un mayor diálogo con la población, especialmente frente a la incertidumbre respecto a cómo operaría en la zona la relación entre la minería, el ambiente y la agricultura. El pasado mes de diciembre luego de varios días de violencia las demandas de los pobladores fueron canalizadas vía el diálogo. Sin embargo, el conflicto se ha reactivado debido a que la empresa reinició sus trabajos en la zona. El gobierno, en aplicación de la nueva política frente a los conflictos sociales a cargo de la Oficina de Diálogo Social de la PCM, debería realizar los esfuerzos necesarios para que cesen las políticas de fuerza, garantizando el orden y, al mismo tiempo, el respeto de los derechos de propiedad de las comunidades. Debe retornar el diálogo, consideró La República.