La concreción de los 52 proyectos y US$ 53 millones de inversión minera planteados para los próximos 10 años enfrenta serios obstáculos. El afán de revertir la conflictividad social ha estimulado la descuidada implementación de mecanismos de interacción entre población y sector privado. Los vacíos en estos mecanismos podrían trabar proyectos o incluso socavar la institucionalidad y ahuyentar futuras inversiones.La Ley de Consulta Previa, por ejemplo, aún no define por completo a qué poblaciones deben ser consultadas. Esto ya suscitó un conflicto con la población quechua de Cañaris (donde se ejecutará el proyecto Cañariaco). Es incierto si están o estarán incluidos en la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad. Además, es incierto qué concesiones serían sometidas a consulta, pues desde la firma del convenio 169 en 1995, el Estado otorgó unas 90 mil concesiones extractivas. Estos vacíos podrían resultar catastróficos.Otro mecanismo conciliador y peligrosamente improvisado son las mesas de diálogo. En ellas se negocia la "licencia social" que, a diferencia de las que otorga el Estado, no está sujeta a criterios legales, técnicos ni objetivos, y es peligrosamente arbitraria. Es la aceptación en buena fe de un proyecto por una población a través de sus representantes y dirigentes.Esta naturaleza abstracta y arbitraria conduce a que se negocien temas ajenos al cumplimiento de estándares ambientales o a la garantía del uso sustentable de recursos, y que se transe la licencia social a cambio de intereses particulares de las autoridades. Esto reduce la predictibilidad de los procesos y socava la institucionalidad.En Toquepala, por ejemplo, alcaldía y empresa transaron la licencia social a cambio de un "fondo de desarrollo" de S/. 255 millones que contempla, entre otras cosas, resarcimiento por contaminación de la mina durante 52 años y la construcción de viviendas. Al mismo tiempo, algunos dirigentes se quejan que el "fondo de desarrollo" no contempla la recuperación de las aguas del río Callazas y de la laguna Suches, lo que consideran que debería ser un tema crucial de las negociaciones.En un estado funcional, una población debería poder demandar a una empresa y exigir sanción o indemnización a través de la vía judicial. En una economía social de mercado funcional, el Estado debe encargarse de las obras sociales, y la empresa privada de generar riqueza y de cumplir la ley. En un proceso de inversión, el Estado debe recoger los riesgos ambientales y sociales (a través de entes técnicos neutrales), definir las responsabilidades del contratista, fiscalizar que se cumplan y garantizar seguridad jurídica. Preocupa la alta incertidumbre que existe respecto a las responsabilidades y exigencias a las que pueden ser sometidas las empresas.La institucionalidad reduce la incertidumbre de cada agente económico al evaluar la concreción de una inversión o de cualquier acto que signifique un gasto. Una institucionalidad baja es un desincentivo bastante alto para invertir en minería.Entre el 2010 y el 2011, la producción minera -motor de nuestra economía- cayó en 0.3% a raíz de la conflictividad social. Si bien es positivo que se establezcan relaciones entre industria y población, y que esta sea beneficiada y no perjudicada por la actividad económica, esto no tiene por qué significar un sacrificio en los niveles de producción. La clave para la óptima compatibilidad entre paz social y alta producción es un alto nivel de institucionalidad en los mecanismos de interacción entre empresa y población, afirmó el economista Gabriel Aguirre Martens.
- [Gestión,Pág. 21] /