Un reciente reporte de la Defensoría del Pueblo señala que durante enero del 2013 se registraron cuatro conflictos sociales nuevos, de naturaleza socioambiental, dos de ellos en Áncash, uno en Apurímac y otro en Puno, todos por la actividad minera.El informe da cuenta de 220 conflictos sociales hasta enero del 2013. De ellos, 158 (71,8%) se encuentran activos y 62 (28,2%) en estado latente. Estas cifras difieren, sin embargo, por cuestiones metodológicas y conceptuales con las manejadas por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que en diciembre pasado reportó 66 casos, 21 de los cuales correspondían a conflictos vinculados con empresas mineras.(Edición sábado).