Desde el 2002 hasta mediados del año pasado, la Sunat gravó con el Impuesto General a las Ventas (IGV) las exportaciones realizadas por varias empresas mineras y agroindustriales que, por encontrarse en una apretada situación económica, pactaron adelantos de pagos con sus clientes en el exterior.Alfredo Gastañeta, socio del estudio Aurelio García-Sayán Abogados, opinó que el Estado está obligado a devolver todo lo que indebidamente recaudó en dicho lapso, pues las exportaciones están libres del IGV. "Se trata de un grupo importante de contribuyentes que está impugnando estas acotaciones basados en que los bienes salieron del país exportados por ellos y no por terceros", comentó.El Comercio se contactó con el área de comunicaciones de la Sunat para conocer el monto que se recaudó entre el 2002 y mediados del 2012. El ente recaudador pidió que se enviara la solicitud de información por correo electrónico, pero hasta el cierre de edición no se recibió respuesta.