DILACIÓN. Lo que mal empieza, mal termina, reza el dicho. Ojalá que ese no sea el caso de la Ley de Consulta Previa, la cual tras años de debate y discusión fue aprobada en mayo del 2010 por el Congreso tras la presión que ejerció el ‘Baguazo’ del año anterior, pero fue observada por el Ejecutivo. Recién en agosto del 2011 se aprobó un texto sustitutorio y desde entonces su camino ha sido tortuoso. Hace meses que el Ejecutivo anuncia, sin concretar, la aprobación de la Base de Datos, instrumento que permitirá definir quiénes son comunidades indígenas originarias (y con ello seleccionar y acreditar a los interlocutores válidos). Mientras más se demore, habrá más presiones por parte de comunidades para entrar en la lista aun si no tienen derecho (apelando a interpretaciones legalistas según las cuales, por ejemplo, los aimaras deberían ser considerados). Este problema estaba cantado desde que se promulgó la ley, pero no fue subsanado en el reglamento. Las señales contradictorias sobre la obligatoriedad de los resultados del proceso de consulta es otro problema. Según la ley, no tienen carácter vinculante, "salvo en aquellos aspectos en que hubiere acuerdo entre las partes", sin embargo las comunidades involucradas asumen que sí existe tal obligación, opinión que es avalada por algunos representantes del Gobierno. Otra complicación está surgiendo con las iniciativas regionales para incorporar a través de ordenanzas los mandatos de la ley de Consulta Previa ya que, entre otros, piden que antes de la consulta se atiendan los pasivos ambientales previos. El Ejecutivo debe precisar quién atenderá dichos pasivos, o estimar el monto de la inversión requerida para ese fin y la forma como se financiará, sobre todo en lotes en explotación como el 1-AB.Es importante que todos estos problemas se aclaren cuanto antes puesto que la indefinición ya viene siendo aprovechada como bandera política de líderes radicales ante la proximidad de la campaña por las elecciones regionales del 2014. Por lo pronto, la consecuencia de esta demora es la postergación o retraso de nuevos proyectos de inversión. Incluso, otros proyectos que ya están en etapa de explotación (lote 1-AB) pueden ver comprometida su producción y, con ello, el crecimiento del país.
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