El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la ordenanza 108-2011-GRJ/CR, expedida por el gobierno regional de Junín, que pretendía regular la aplicación de la consulta previa en esta jurisdicción, para las actividades de exploración y explotación de recursos naturales.El colegiado adoptó esta decisión debido a la "manifiesta incompatibilidad" de esa norma regional con el derecho a la consulta previa de los pueblos originarios o indígenas.De esta manera, el fallo declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Presidente de la República, representado por el Ministerio de Energía y Minas.(Edición domingo).