El fiscal de la Nación, José Peláez, propuso que los altos funcionarios presenten una declaración jurada de bienes antes y después de dejar el cargo, para determinar si existe un desbalance patrimonial tras cumplir con su gestión en el sector público. Agregó que sería una buena medida a fin de conocer, por boca de los propios funcionarios, cuáles son los bienes obtenidos antes de asumir el cargo, y cuáles son los bienes comprados al culminar su función, de tal forma que el cruce de información revele cualquier desbalance.Según dijo, el Ministerio Público se encuentra facultado por la Constitución y el marco legal para investigar cualquier tipo de indicio e irregularidad en el patrimonio de esos altos funcionarios.De esa manera, justificó la investigación preliminar iniciada al expresidente Alan García, sobre la compra de una residencia en el distrito limeño de Miraflores, por 800 mil dólares, que incluye el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria.