En presencia del ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, la Defensoría del Pueblo presentó su informe sobre los avances de la gestión del Estado frente a la formalización de la minería informal e ilegal. En el acto señaló que los esfuerzos desplegados son aún insuficientes ante la expansión de esta actividad en 21 regiones del país.El defensor del Pueblo, Eduardo Vega, y la adjunta Alicia Abanto, refirieron que de los 100 mil mineros que hay solo 50 mil están inscritos en el Registro de Declaraciones de Compromiso, faltando dos meses para el cierre del plazo de la primera etapa del proceso de formalización.Indicaron que está pendiente la implementación de la ventanilla única de trámites, la creación de un fondo para el proceso de formalización, el tratamiento de los impactos ambientales, y el control y fiscalización de insumos químicos , maquinarias y equipos utilizados por la minería ilegal.
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