El 12 de enero del 2010, Napoleón Fernández Urcia, director general de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial, respondió una solicitud de información sobre los bienes y rentas del entonces mandatario Alan García. La había hecho un mes antes el periodista Carlos Enrique Bracamonte. La contestación de Fernández Urcia fue un cuadrito con las fechas de las ediciones del diario oficial El Peruano en las que figuraba la declaración jurada anual del mandatario y en las que Bracamonte podía ver satisfecha su curiosidad.Bracamonte, por cierto, había leído El Peruano. Pero en el diario oficial las declaraciones juradas no aparecen en su integridad. La de Alan García correspondiente al 2009 decía que el presidente ganaba 16.000 soles mensuales y que tenía bienes por 546.172 soles y patrimonio no identificado por 1 millón 283 mil 594 soles.Eso era todo. Lo que los gobernantes le permiten saber al público solo es un estimado general del valor de sus bienes y de sus ingresos. Del actual presidente Ollanta Humala, por ejemplo, solo es posible saber que gana 16.000 soles mensuales y que el valor de sus bienes es de 115.611 soles. Nada más.Está prohibido conocer cuántas casas tiene un funcionario público, o cuántos autos, o cuánto de dinero hay en sus cuentas bancarias. No debe saberse si tiene depósitos -y por cuánto- en el exterior, ni cuáles son sus inversiones empresariales. Estos detalles figuran en una parte de la declaración jurada que la Contraloría mantiene fuera del alcance del ciudadano. (Edición domingo).