El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso para sancionar a los invasores y traficantes de tierras o inmuebles públicos o privados con penas de hasta 10 años de prisión. También incorporó la figura del desalojo preventivo como una medida de protección a la propiedad. La pena más grave es de cinco a 10 años para los que utilicen armas de fuego o explosivos en la invasión. Las sanciones también están dirigidas a dos o más personas que coloquen hitos, cercos perimétricos, esteras, plásticos u otros materiales, o se utilicen bienes del Estado. (Edición sábado).