Cuando turbas enardecidas en Juliaca saquean e incendian locales nocturnos para hacer justicia con sus propias manos, o grupos de pobladores en algún asentamiento humano de los tantos que circundan nuestras ciudades, cansados de la inacción de la policía y del Poder Judicial, se organizan para vigilar sus viviendas, además de participar activamente en comedores populares y talleres comunales, están asumiendo funciones propias del Estado, cuya acción no llega vía la justicia rápida, la salud, la educación y el bienestar en general a grandes sectores urbanos marginales y rurales de nuestra población.Estos hechos son la manifestación de los intensos cambios producidos en la sociedad peruana a partir de la segunda mitad del siglo XX, consecuencia del encuentro entre la milenaria sociedad andina y la modernidad urbana. Este proceso dinámico y vital confrontó y superó la organización estadual del Perú, creando incluso una expresión cultural propia a partir de los elementos andinos y urbanos.Estas clientelas emergentes llamadas informales, chicha o cultura combi, tuvieron que saltar a la garrocha los retorcidos procedimientos de la legalidad formal para solucionar sus problemas; y así surgieron las invasiones que dieron paso a urbanizaciones populares, talleres, comedores y mercados, cuyos primeros impulsores superaron increíbles desafíos. Pero las exitosas experiencias de Villa El Salvador y el cono norte de Lima, con sus economías basadas en la industria, el comercio y los servicios donde antes solo existían arenales y cerros, son la demostración de su éxito y de las enormes posibilidades de la iniciativa privada.Frente a este dinamismo de la llamada "informalidad", tenemos un Estado legal, costoso e ineficiente, que requiere anualmente del 87% del producto bruto interno nacional para el pago de planillas burocráticas, pensiones, deuda externa, mientras que únicamente el 13% restante lo invierte en infraestructura productiva.En líneas generales, esto se traduce en pésimos servicios públicos para la ciudadanía, cuando los hay. Además, estas carencias nos explican la justicia impredecible y contradictoria con la que contamos, en la que casi nadie cree, médicos, policías, maestros y militares mal pagados, carreteras en mal estado, hospitales y escuelas vetustas.En esta coyuntura, requerimos con urgencia de un Estado que armonice con estos cambios sociales que se vienen operando en nuestro país. En este sentido, debemos repensar nuestro Estado con la finalidad de hacerlo eficiente, eficaz y orientado a formular las políticas que se requieren para fomentar la inversión privada y, por ende, el desarrollo nacional.Necesitamos emprender sin demora, la tantas veces anunciada reforma del Estado, y aunque debemos reconocer que es una tarea inmensa y complicada para un gobierno fatigado, hay algunos temas que pueden generar consenso entre las distintas fuerzas políticas, los cuales deben ser abordados antes de concluir el presente quinquenio. Por ejemplo, poner orden en el sistema remunerativo del empleado público; del mismo modo, eliminar la duplicidad de funciones de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo o transferir, de una vez por todas, a los gobiernos regionales y a las municipalidades recursos efectivos para inversión.De continuar el inmovilismo, tanto de la clase política como del Gobierno, en un tema de tanta importancia como es la reforma del Estado, se estará frenando irresponsablemente la posibilidad de un mejor nivel de vida para los peruanos, pues no habrá inversionista que arriesgue su capital en un país de trámites burocráticos interminables, justicia impredecible y sobrecostos agobiantes. En este escenario, no debe extrañarnos que nuevamente casos como Ilave, San Gabán y el más reciente de Juliaca, se repitan en otras localidades o quizás en la propia Lima con mayor gravedad, señala el congresista Natale Amprimo Plá.