MULTAS A DOQUIER. Justificar un incremento sustancial de las multas por infracciones laborales, como lo está haciendo la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), con el argumento de que son ‘más baratas’ que las que aplican otros organismos públicos como hizo la ministra de Trabajo, es una muestra clara de cómo la discrecionalidad se ha instalado en la aplicación de sanciones y multas en la mayoría de organismos del Estado (reguladores, superintendencias y ministerios, salvo honrosas excepciones). Tampoco son argumentos válidos que las multas actuales ‘no son disuasivas’, como han dicho desde el Indecopi; o que para cobrar las multas impagas se pretenda elevar a la categoría de organismo supervisor a entidades como la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) como proponen desde el Ministerio del Ambiente (¿Para crear más discrecionalidad?). Las sanciones y multas que apliquen esas entidades públicas deben responder ante todo a criterios técnicos y, sobre todo, respetar el principio de proporcionalidad. Ello pasa por mejorar la normatividad vigente, uniformizar los criterios y minimizar la discrecionalidad de los funcionarios e inspectores en la aplicación de las multas. De no hacerse eso, también continuarán aumentando los casos de empresas que judicializan las sanciones y multas argumentando precisamente que no se les ha explicado los criterios técnicos aplicados, o que existen vicios procesales, con lo cual la sanción termina siendo inocua. Muy ligado a ello está el hecho de que en muchos casos los inspectores o funcionarios encargados necesitan capacitación. Incluso, muchos trabajan bajo contrato administrativo de servicios (CAS), es decir, son casi informales (¿quién sanciona al sancionador?). Asi mismo, es muy difícil exigir a los usuarios el cumplimento de las normas si estas no han sido adecuadamente difundidas. Así como se gasta para difundir los logros del Gobierno, así también se debe destinar recursos a campañas masivas para hacer llegar la información sobre las obligaciones que tienen las empresas, sobre todo a las pequeñas que no tienen departamentos legales. No se trata de sancionar y aplicar multas solamente, sino de educar, orientar y mejorar los servicios públicos en base a estímulos, que es como se mueve el mercado. Porque estamos en una economía de mercado, ¿o no?
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