Casi todas las semanas se escucha a los ministros hacer hincapié en la necesidad de elevar la competitividad de la economía peruana. Sin embargo, las acciones que se toman en la política laboral parecen indicar de que se va por el camino contrario, acentuando la rigidez de la legislación y, por lo tanto, alejándose del objetivo de inclusión social que propugna el gobierno del presidente Ollanta Humala. Es decir, incorporar a más trabajadores a la planilla. Si bien en los últimos años ha crecido la formalización, esto se ha dado sobretodo en Lima, donde el empleo adecuado que comprende más de 35 horas semanales de trabajo abarca a 2.72 millones de personas en Lima Metropolitana, según el INEI. En suma comprende al 56% de la Población Económicamente Activa (PEA) de la capital. Por eso es preocupante el cariz que ha tomado la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) al elevar fuertemente las multas por infracciones laborales, en un escenario, en el que el Ministerio de Trabajo a penas cuenta con 400 inspectores para todo el país y solo 10 conciliadores cuando el Estado tiene que intervenir en los procesos de negociación colectiva. No hay duda de que es necesario sancionar a las empresas que cometen infracciones contra sus trabajadores, pero no se puede poner en riesgo de quiebra a las mismas, pues implica matar a ‘la gallina de los huevos de oro’. Y es que al final lo único que se logrará es alentar la informalidad. Un ejemplo de ello es que más del 70% de los contribuyentes que sacaron RUC por primera vez el año pasado, lo hicieron por rentas de cuarta categoría, es decir, trabajadores que al no ser incorporados a planilla, tienen que emitir recibos por honorarios, a fin de obtener el empleo que se está generando por el crecimiento económico. La creación del Sunafil es necesaria, pero no tiene el enfoque adecuado. Un caso similar es la legislación que este año entró en vigencia sobre seguridad y salud ocupacional, que también contempla drásticas sanciones en los casos de incumplimiento.Más aún el año pasado, cuando se debatió la reforma del sistema privado de pensiones, el Gobierno perdió la oportunidad de modificar la legislación a fin de que disminuya la informalidad laboral, lo cual hubiera ayudado a que más trabajadores tengan la cobertura del sistema privado de pensiones.Pero se prefirió evitar el costo político y así se terminó favoreciendo a la ONP, entidad que como ya hemos dicho en el pasado tiene un forado, pese a que el Ministerio de Economía, más por razones políticas que por convicción, se esfuerza en maquillar la situación.Pero el Ejecutivo y el Congreso no son los únicos que acentúan con sus decisiones la rigidez laboral, también lo hace el Poder Judicial con algunas sentencias. La nueva ministra de Trabajo, Nancy Laos, tiene grandes retos para alentar la formalización laboral y evitar que la legislación se vuelva más rígida de lo que ya es. Algunos lineamientos expuestos vislumbran que tiene un enfoque que sin dejar de lado la fiscalización apunta a que esta no siempre se dirija a las mismas empresas, sino se extienda a un mayor número de compañías. Los otros grandes retos están vinculados al proyecto de la "Ley Mype mejorada" que elabora el Ministrio de la Producción y la reforma del servicio civil del Estado, que el Ejecutivo ya envió un proyecto al Congreso y ahora este tiene la tarea de impulsar su debate en la legislatura extraordinaria que se convocará en este verano. Dado el discurso que últimamente tiene el presidente Humala, como es el caso de sus críticas a la privatización de la educación y la exaltación del minifundio, las acciones que se adopten en la política laboral pueden ser el próximo paso en el que el Mandatario ponga atención, sobre todo ahora que el Ministerio de Trabajo promoverá otra vez el debate de la Ley General del Trabajo, afirma Julio Lira, director del diario Gestión.
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