El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza Ramírez, es blanco de llamadas para extorsionarlo desde el año 2011, cuando era jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). Las comunicaciones recibidas ese año también fueron investigadas por la División Antisecuestros y la Fiscalía. Mediante el levantamiento del secreto de las comunicaciones se identificó al titular y número desde donde se hacían las llamadas, pero la investigación no llegó a algo concreto pues se habría tratado de una cabina telefónica. Luego las llamadas cesaron hasta que se reanudaron a fines del 2012, ahora desde un centro penitenciario.El director del penal de Lurigancho, coronel Tomás Garay Durand, informó a La República que en total hay 98 teléfonos públicos en dicho centro penal, cuatro por pabellón. Aclaró, sin embargo, que en todos los aparatos hay un mensaje que automáticamente es enviado al receptor de la llamada, el cual dice lo siguiente: "Está usted recibiendo una llamada telefónica del penal de Lurigancho. Señor, acepta usted esta llamada".