El Gobierno debe garantizar la seguridad del gasoducto de Camisea pues, en caso de un atentado, cerca del 20% de la demanda eléctrica se quedaría sin suministro de energía.Así lo advirtió el especialista Rafael Vera Tudela, catedrático de la Universidad Católica, tras presentar el estudio ‘Mercado eléctrico en el Perú, balance de corto plazo’. Si se presentara esta situación, cerca de 250 grandes empresas -mineras, fábricas, entre otras- se verían afectadas porque la actual regulación le da prioridad al servicio residencial en caso de racionamiento.