A los agentes de la División de Investigación contra la Trata de Personas de la Policía les tomó entre enero y junio del año pasado investigar e identificar una red de proxenetas, clientes y hostales que formarían parte del ilegal negocio de explotación sexual infantil en Iquitos, y en el que se encuentra también incluido el hostal Toro Bravo, de la familia del congresista fujimorista Víctor Grandez. El documento policial, de aproximadamente 400 páginas, está desde junio pasado en el despacho de la Segunda fiscalía mixta de Maynas.Según fuentes policiales consultadas, fue difícil realizar operativos en los que se pudiera hallar in fraganti a los proxenetas en el hostal de Grandez. Por ello, la Policía recogió la versión de los menores que mantuvieron encuentros sexuales en Toro Bravo. La denuncia policial acusa a proxenetas y clientes. La investigación podría ser ampliada por la fiscal mixta, Isabel Quispe, quien tiene el caso en sus manos. La República buscó comunicarse con ella para indagar por qué no ha hecho ninguna denuncia aún, sin embargo no contestó el teléfono.