1.056 MILLONES DE SOLES

Quienes confiaban en los iniciales anuncios del Gobierno de que, esta vez, el relanzamiento de Petro-Perú no supondría un riesgo para el dinero de los contribuyentes pueden sentirse decepcionados. El sábado pasado se publicó en el diario oficial “El Peruano” una ley mediante la cual el erario público transfiere a la empresa estatal la nada despreciable suma de S/.1.056 millones, para que participe en el desarrollo de un polo petroquímico en el sur del país. No es poco el dinero en juego. Se trata de alrededor de S/.300 millones más de lo destinado en el presupuesto 2013 para combatir el cáncer a escala nacional o de lo reservado para mitigar los daños por desastres naturales. El monto es también similar a lo que costará aumentar el sueldo de los maestros y pagar los nuevos ascensos de la Ley Magisterial durante el próximo año. Es, asimismo, una suma cercana al incremento presupuestal que beneficiará a 146 mil policías y militares en actividad y a 105 mil pensionistas. Finalmente, es poco más del doble que la suma de los presupuestos de los programas sociales Pensión 65 y Cuna Más. Siendo tanto lo que podría hacerse con este dinero, se esperaría que el Ejecutivo –el autor de la iniciativa– hubiese presentado un profundo y detallado análisis que justifique por qué está dispuesto a arriesgar el dinero de todos los peruanos en una aventura empresarial de Petro-Perú, en lugar de, por ejemplo, brindar mejores servicios de salud o educación. Por eso, quienes se detengan a leer el análisis costo-beneficio que acompañó al proyecto de ley no podrán más que sorprenderse cuando descubran que solo tiene tres líneas. Y, peor aun, que en esa sucinta justificación no se hace siquiera el menor intento de cuantificar el costo de desarrollar el mencionado polo petroquímico ni los supuestos beneficios que este traerá. Dichas escuetas tres líneas, no obstante, sí fueron suficientes para convencer a alguien: al Congreso. La Comisión de Energía y Minas avaló el proyecto sin exigir una cuantificación mayor, pues su dictamen no incorpora ninguna, y el Parlamento lo convirtió en ley. La justificación general que se ha dado para explicar esta enorme inversión de recursos públicos es que facilitaría lograr la diversificación energética del país. Después de todo, dependemos en gran parte del gas de Camisea, y se estima que si se cortara el gasoducto, se tendría que suspender el servicio de electricidad a todas las empresas usuarias y solo se podría atender la mitad del consumo residencial. Ahora bien, aunque es cierto que alcanzar la diversificación energética del Perú es un objetivo crucial, el Estado no debería arriesgar el dinero de los peruanos si antes no justifica adecuadamente que lo que propone es la vía idónea para alcanzar dicha meta. Y este trabajo no se realizó ni en el proyecto de ley ni en su dictamen. De hecho, más allá de la ausencia de la cuantificación de los costos y beneficios, aquellos tampoco discuten otros aspectos cruciales como, por ejemplo, si existe o si se espera razonablemente que surja una demanda que haga rentable la iniciativa. Finalmente, no pasemos por alto que las malas políticas estatales en materia de energía son justamente las que han impedido la diversificación energética, por lo que ya deberíamos haber aprendido la lección de no adoptar medidas pobremente analizadas. Recordemos que, como describió la semana pasada el Instituto Peruano de Economía, la concentración de nuestro sistema de abastecimiento de energía se debe a que el Estado dejó de autorizar la creación de nuevas hidroeléctricas y a que se fijaron tarifas tan bajas para el gas del lote 88 de Camisea que los privados dejaron de tener incentivos para buscar nuevas fuentes de gas. La ley, en todo caso, ya está dada. Lamentablemente parece que, para muchos en el Estado, en qué se gasta S/.1.056 millones no hace mucha diferencia.