El Ejecutivo ha promulgado la Ley que crea el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) luego de un trámite intenso en el parlamento. Con este acto culmina un proceso complejo que se propuso abordar la necesidad de fortalecer el papel regulador del Estado en las actividades extractivas puesto en crisis por los conflictos sociales recientes.Como se recuerda, el pasado 20 de abril en el contexto del conflicto por el proyecto minero Conga (Cajamarca), el Presidente Ollanta Humala anunció cambios en la legislación ambiental, especialmente en la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). En su mensaje presidencial del 28 de julio, el mandatario anunció que el gobierno buscaba promover una nueva relación de la sociedad con las actividades extractivas teniendo al Estado como garante del bienestar colectivo. Para tal efecto, el Ejecutivo formó una comisión multisectorial encargada de analizar las condiciones en las que operan las industrias extractivas y el papel que cumple el Estado frente a ellas. La comisión estuvo integrada por el premier Juan Jiménez e integrada por Manuel Pulgar Vidal, titular del Ministerio del Ambiente; Carolina Trivelli, de Inclusión y Desarrollo Social; Milton Von Hesse, de Agricultura; Miguel Castilla, de Economía y Finanzas; Jorge Merino, de Energía y Minas; Luis Peirano, de Cultura; Midori de Habich, de Salud; y Gladys Triveño, de Produce.Es de conocimiento público que el grupo de trabajo cumplió con el encargo en el plazo fijado y que se organizaron dos tendencias en sus debates. Por un lado el sector que consideraba que los inversionistas se espantarían con mayores regulaciones y los que consideraban que, por el contrario, los cambios fomentarían inversiones más sostenibles y exitosas.Luego de algunas tensiones en el gabinete el Presidente Humala se inclinó por la creación del SENACE y el proyecto de ley fue enviado al Congreso. En el debate continuaron sin éxito las presiones para retirar el nuevo organismo del ámbito del Ministerio del Ambiente (MINAM). El texto aprobado y promulgado implica cambios de fondo en el modelo de fiscalización ambiental. El más importante es el que dispone que el SENACE tenga a su cargo la revisión y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) hasta ahora en poder del Ministerio de Energía y Minas, que desempeñaba en este tema las funciones de juez y parte, generalmente más de parte que de juez. La creación del SENACE impulsa la fiscalización ambiental hasta ahora a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que en el anterior gobierno tuvo un desempeño disminuido. Ahora, los EIA formarán parte de un Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental a cargo del MINAM, colocando las cosas en su sitio. Es cierto que la nueva norma expresa salvedades a la revisión de los EIA por el SENACE cuando así lo dispone el Consejo de Ministros. Sin embargo, ello no implica negar la profundidad de esta reforma en la línea de establecer una gestión ambiental frente al mercado en los ámbitos nacional, regional y local. En esa medida, se corrige una situación que está a la base de los conflictos sociales. Esta medida se agrega a la Ley de Consulta Previa que reconoce el derecho de los pueblos a ser consultados por los proyectos extractivos, con lo que se cierra una etapa de reivindicación del papel regulador del Estado.