El Ejecutivo aprobó un proyecto de ley que modifica el concepto de funcionario público en el Código Penal y que tiene como finalidad que las autoridades electas también sean consideradas como tales y asuman las sanciones que les corresponda en caso de cometer algún delito. "Estamos blindando el criterio jurisprudencial que determinó en su momento que aquellos funcionarios electos que aún no asumen el cargo también son funcionarios públicos para efectos de la responsabilidad penal que les corresponde", explicó el jefe del Gabinete, Juan Jiménez. Esto implica que un alcalde, regidor, presidente regional o congresista electo desde el momento de su proclamación es una persona sujeta a la responsabilidad penal en su condición de funcionario público, añadió el premier.
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