El ex sacerdote Marco Arana y la asesora legal de Grufides, Mirtha Vásquez, acudirán en queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el incumplimiento de la medida cautelar que obliga al Estado peruano a brindarles protección desde el 2007 al ser víctimas de amedrentamiento y reglaje por su oposición a la actividad minera en Cajamarca.La misiva será enviada hoy a la instancia supranacional, horas después de que, por segunda vez en menos de un mes, el domicilio de Vásquez, ubicado en Cajamarca, fue sospechosamente violentado por "delincuentes" que no se llevaron objetos de valor, como una laptop, una tablet y una cámara fotográfica que estuvieron a su alcance.Hace tres semanas, otra trabajadora de Grufides fue víctima de un hecho similar y el viernes último desconocidos atacaron el auto de un asesor de la institución.