El 2012 termina con una serie de anuncios de mayores fiscalizaciones que se realizarán el próximo año, principalmente para el cuidado del medioambiente. A lo anterior se agregará el funcionamiento de entidades como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y la aplicación de la Ley de Consulta Previa.Las actividades sobre las cuales se pondrán los ojos de los funcionarios públicos serán las vinculadas a los sectores extractivos como la minería, los hidrocarburos y la pesca.Lo que está en juego no es poca cosa. Por ejemplo, la multa máxima que aplicará el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) pueden alcanzar hasta el 8% de las ventas totales de las empresas infractoras, a diferencia de las sanciones que hoy no superan el 1% de la facturación de las compañías.En los últimos meses se aprobaron una serie de normas que tendrán mayor fuerza a partir del próximo año, pero es casi seguro que la gran mayoría de las empresas vinculadas a lo sectores extractivos desconocen el impacto que estas puedan tener. Indudablemente, el cuidado del medio ambiente es un objetivo que no debe ser dejado de lado, pero ya sabemos que en la práctica ocurre que si no hay la suficiente claridad en los criterios para fiscalizar se aplican millonarias multas, que luego son judicializadas por las empresas, es decir, terminan siendo letra muerta.Por eso, es importante que las entidades públicas, como el Ministerio del Ambiente expliquen las normas y principalmente los nuevos criterios de fiscalización. Para las empresas queda la tarea de ponerse al día sobre las infracciones ambientales que tendrán sanciones más severas en el 2013. Por supuesto, deberá aplicarse el mismo celo con las actividades informales, pues ya sabemos que a la primera amenaza de paralización, el Gobierno termina retrocediendo, como ha sucedido en el pasado con la minería informal. Además, hasta el momento hay legislación aprobada que le falta el reglamento o definir su ámbito de aplicación, como es el caso de la Ley de Consulta Previa. Por tanto, quedan avisadas las empresas, señala el directo del diario Gestión, Julio Lira Segura.
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